Soberanía y capitales extranjeros

Durante la década del ’90, bajo las recetas neoliberales del Consenso de Washington (liberalización del movimiento de capitales, apertura comercial y privatización de las empresas públicas) los organismos internacionales, y sus voceros locales, argumentaban sobre la necesidad de alentar las inversiones extranjeras, protegiéndolas de los riesgos de la inestabilidad política e institucional, inherente a  los países “emergentes”.

Bajo un esquema económico incapaz de generar las divisas necesarias para su mantenimiento, la permanente búsqueda del equilibrio en la balanza de pagos y el mantenimiento de la convertibilidad implicó que la Argentina se volviera crecientemente dependiente del ingreso del capital extranjero. La firma indiscriminada de tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones (TBI) y la adhesión de nuestro país al Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fueron el paraguas legal de este proceso.

Hoy, a más de diez años de la firma de estos acuerdos, surge que no sólo no se incrementó la inversión en proporción a la cantidad de tratados firmados, sino que además el Estado argentino afronta más de treinta demandas en el CIADI a raíz de supuesto incumplimiento de estos instrumentos, luego del derrumbe del régimen de convertibilidad, y la siguiente pesificación y congelamiento de las tarifas de las empresas de servicios públicos privatizadas.

Surgidas como respuesta a la política de los Estados Unidos y Europa, que intervenían en nombre de la “protección diplomática” de sus nacionales, las ideas de dos juristas argentinos expertos en derecho internacional, Carlos Calvo y Luis María Drago, cobran hoy inusitada vigencia. Nos referimos a la Doctrina Drago y a la Doctrina Calvo. La primera fue elaborada por el canciller argentino que le da su nombre, en el marco del bloqueo naval impuesto a Venezuela en 1902 por parte de Alemania, Gran Bretaña e Italia, con el pretexto del cobro de deudas. La doctrina rechaza el empleo de la fuerza o la ocupación territorial como medio para obligar a un Estado a pagar sus deudas públicas. De esta manera se desarrollaban las ideas de Carlos Calvo, según el cual los Estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia por parte de otros Estados y los extranjeros tienen la obligación de agotar todos los recursos legales ante los tribunales locales sin pedir la protección e intervención diplomática de su país de origen.

La Doctrina Calvo está consagrada en distintos documentos internacionales y en las propias Constituciones de varios países latinoamericanos. Fue así que cuando en marzo de 1965 el Banco Mundial elaboró el Convenio de Washington que da origen al CIADI, los Estados latinoamericanos se opusieron unánimemente. Pero hoy, Consenso de Washington mediante, forman parte del CIADI una veintena de Estados de América latina y el Caribe con la excepción de Brasil, Cuba, Haití, México y la República Dominicana.

Abandonando su posición histórica, la Argentina firmó su adhesión al CIADI en 1991, y en 1994 fue ratificado por el Congreso, mediante la ley 24.353. El reconocimiento de este tribunal extranjero abrió la puerta a la firma de TBI con más de cincuenta países del mundo, colocando a la Argentina en el grupo de países que más tratados de este tipo firmaron (cincuenta y cuatro TBI vigentes, junto con España y Suecia).

Las demandas iniciadas ante los tribunales arbitrales del CIADI no son más que un elemento de presión para mejorar la posición relativa en la renegociación de los contratos de las empresas privatizadas. Constituyen un eslabón de una larga cadena de dispositivos destinados a presionar al Estado para mejorar las  condiciones en las que se celebran los negocios de las grandes corporaciones trasnacionales que operan en la Argentina.

Además de fallar sistemáticamente a favor de las empresas, los arbitrajes del CIADI están plagados de aberraciones jurídicas: varios de los árbitros son abogados de las empresas en otros juicios del CIADI; cualquier nacional de un país contratante puede llevar a un Estado a un arbitraje, aunque sólo tenga el 1% de las acciones de la empresa litigante; se incumple con la obligación de agotar la instancia administrativa y judicial local; las empresas invocan perjuicios causados por la devaluación, cuando la fijación del valor de la moneda es una atribución de un Estado soberano que no genera derechos en favor de nadie, ¿o los Estados Unidos debieron indemnizar al resto del mundo cuando abandonaron el patrón oro?

La mayoría de los TBI tenían un plazo de duración por diez años y en casi todos los casos ese plazo ya se venció, pero se prorrogan automáticamente hasta que el Estado argentino, a través del Congreso, los denuncie. Sin embargo, en la mayoría de los tratados firmados se establece una cláusula por la cual, aun cuando sean denunciados y pierdan vigencia, las inversiones realizadas durante su vigencia seguirán amparadas por estos tratados durante diez o quince años posteriores a la denuncia.

Al igual que los TBI, al surgir de la firma de un tratado internacional el CIADI tiene una cláusula de retiro. Se trata del artículo 71, donde se señala que “todo Estado contratante podrá denunciar este convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario de él. La denuncia producirá efecto seis meses después de recibida dicha notificación”.

Resulta más que evidente que el CIADI y los TBI lejos de ser herramientas para el desarrollo no son más que instrumentos de extorsión. Llegó la hora de denunciarlos tal como lo han venido haciendo los gobiernos con vocación transformadora de la región (Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela). ¿Estará el Congreso Nacional a la altura de las circunstancias?

Nos vemos


Fuente: BAE

Decíselo en la cara (5)

a Eduardo Duhalde, ex - vicepresidente de la Nación durante el primer mandato de Carlos Saúl Menem, renunció a este cargo para asumir como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires; y fue Presidente Interino de la Argentina, por aplicación de la Ley de Acefalía, entre 2002 y 2003.

Nos vemos.

Kirchner, política y crispación

por Ricardo Forster

El bombardeo al que nos someten los grandes medios de comunicación es constante e inclemente. No se detiene en su intensidad ni deja de ofrecer siempre el mismo panorama: la crispación es sinónimo del Gobierno y, fundamentalmente, es la expresión acabada de la conducta política de Néstor Kirchner. Como si ya no alcanzara con las vaporosas denuncias de corrupción ni tampoco con la sobreactuación de la problemática de la inseguridad y cuando resulta más que evidente que lo peor de los coletazos de la crisis económica mundial va dejando su lugar a una clara y sostenida recuperación de la actividad productiva, lo que retorna con sistemática eficacia es la construcción, mediática y casi en cadena nacional, de un Kirchner asolado por la peste de la crispación, haciendo de cada uno de sus actos y de sus expresiones públicas la manifestación de una descarga de violencia que amenaza al conjunto de la sociedad.

Hay en ese repiqueteo que se repite sin pausas y que se sostiene en “sesudos análisis” de algunos comentadores políticos, de esos que siempre se ofrecen como garantes de la virtud republicana y como ejemplos de coraje y de independencia argumentativa, una línea que nos retrotrae tanto a los horrorosos años de la dictadura videlista, allí donde se intentó destruir la idea misma de política y de debate de ideas, como al tiempo del menemismo en el que predominó el discurso y la ideología de los consultores de mercado, de los publicistas, de los encuestadores y de todos aquellos que sostenían la imperiosa necesidad de “modernizar” la política importando, para ello, los lenguajes y las prácticas del gerenciamiento empresarial. Pensar la política desde una mesa de directorio, reducirla a la lógica de las argumentaciones de los gurúes del mercado y de las grandes reingenierías formuladas por los adoradores del marketing, se convirtió en el centro ideológico del neoliberalismo.

De lo que se trataba, era de expulsar de la política la idea misma del conflicto y de la desigualdad a la hora de disputar qué tipo de país y qué tipo de proyecto. El ideal, expuesto una y otra vez con machacona insistencia desde las tribunas mediáticas, era alcanzar el “buen y racional funcionamiento de los mercados”, era lograr sortear, de una vez por todas, las pugnas de intereses que habían paralizado el desarrollo nacional en nombre de sobreactuaciones ideológicas asociadas al distribucionismo, el rol regulador del Estado y la sobredemanda de los sectores populares. Un país “serio” debía arrojar al tacho de los desperdicios esas antiguallas que nos recordaban el atraso y la parálisis, que impedían, con sus ofuscaciones y sus conflictos “artificiales” que la lógica del consenso se impusiera sobre las retóricas de la crispación. La bucólica del mercado y sus extraordinarias virtudes no sólo se ofreció como recurso del establishment económico sino que pasó a convertirse en parte del “sentido común” prevaleciente y alimentado sistemáticamente por el lenguaje de los grandes medios de comunicación.

Disputar la renta agraria, acotar la desmesurada expansión monopólica de la corporación mediática, acabar con la estafa de las AFJP, abrir el camino de la asignación universal para la niñez, no reprimir ninguna protesta social, se transformaron, gracias a la herencia recibida de los años ’90 más el papel central de la industria del espectáculo y de la información en la construcción de sentido común, en sinónimo de violencia y caos, en la máxima expresión de una crispación gubernamental que nos amenazaba con llevarnos hacia la guerra civil. Cierta pitonisa afecta a las grandes anticipaciones apocalípticas no se ha cansado de vociferar a diestra y siniestra que el país va derecho al caos y a la anarquía llevados por las ansias de confrontación del “matrimonio presidencial” (incluso ha elegido, últimamente, el recurso de escribir cartas que envía a embajadas de países amigos para denunciar la paulatina transformación de la democracia en una autocracia kirchnerista, abriendo las puertas, aunque eso no lo diga, a una salida a “la hondureña” ante el gesto cuasi dictatorial del Gobierno). Con modales más mesurados, pero con intenciones equivalentes, algunos de nuestros más ilustres periodistas han insistido con la misma tecla amplificando el contenido supuestamente violento de las declaraciones públicas de Néstor Kirchner, quien ha sido convertido en una suerte de gran ogro de la política argentina.

Con rostros de corderos piadosos y con retóricas de párrocos de iglesia, políticos y periodistas del establishment repiten con entusiasmo digno de mejor causa que la violencia se derrama sobre las ciudades del país; una violencia que tiene dos causas: el aumento de la criminalidad por la ineficiencia del Gobierno y por la búsqueda permanente del conflicto por parte, fundamentalmente, de Kirchner. Se asocia, de este modo, la problemática compleja de la inseguridad (ligada, entre otras cosas, a la labor destructiva de las políticas neoliberales, a la fragmentación social que fue horadando los núcleos familiares y las solidaridades, a las profundas mutaciones culturales y, en no menor medida, la corrupción de los aparatos policiales que, en el caso de la Bonaerense, proviene de los años dominados por la banda de criminales encabezada por Camps en los tiempos de la dictadura), con las políticas desplegadas por el Gobierno nacional. Todo debe caer en la misma bolsa habilitando un relato sesgado y brutal que busca, fundamentalmente, deslegitimar no simplemente a un político, en este caso Néstor Kirchner, sino a la idea misma de la política para reconducirla, junto con los políticos, hacia la pasividad y la mercadolatría.

La operación de separar “democracia” y “conflicto” constituye el eje de aquello que nos atraviesa como sociedad desde los años ’90. Es el ideal de aquellos que desearían que el país fuera gobernado como si fuera una gran empresa, siendo los ciudadanos simples empleados o ciudadanos-consumidores prestos sólo a reclamar por aquellos derechos que provienen de la oficina de protección del consumidor. Añoran los tiempos dominados por los gurúes de la economía, aquellos que nos anunciaban, en tono profético e inexorable, lo que iría a ocurrir si nos apartábamos de las leyes sacrosantas del mercado. Esos mismos que decretaban el fin de la historia y la muerte de las ideologías allí donde había triunfado de modo definitivo la democracia, leída sólo desde su vertiente ultraliberal, y la economía de mercado. Una alquimia de Fukuyama y Bill Gates, más Reagan, Teacher y Bush (y entre nosotros entre Menem, Broda y Neustadt) se convirtió en el gran discurso de época, ése que todavía, aunque bajo otros ropajes, sigue insistiendo sobre aquello que llaman “la opinión pública”.

Detrás de la insistencia en mostrar a un gobierno “crispado” y a un político sacado de sus cabales, siempre agresivo y propenso a las retóricas de la confrontación, lo que se manifiesta, lo digan o no sus defensores “independientes”, es la intención de horadar la legitimidad de un gobierno que ha buscado, con aciertos y errores, modificar el rumbo que venía siguiendo el país desde hacia demasiado tiempo. Su ánimo es destituyente allí donde no se busca dirimir ideas, proyectos diferentes, sino que lo que se pretende es demonizar a quien o a quienes se han atrevido a desafiar el poder del establishment abriendo, en nuestro país, la posibilidad de una genuina e indispensable discusión de cara al Bicentenario y en relación con qué sociedad, qué Estado, qué mercado, qué política y qué democracia para qué país.

Nos vemos.